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POLITICA

Nación y Provincia acordaron financiamiento
07.12.2017 | 12:58hs

 En el salón Amarillo de Casa de Gobierno se concretó ayer la firma de convenio entre Nación y Provincia que prevé asistencia financiera por un monto de 2.500 millones de pesos 

 destinado a la ejecución de obras de infraestructura para la provincia. El acuerdo fue rubricado por el gobernador Ricardo Colombi y el subsecretario de Relaciones con Provincias del Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda de Nación, Paulino Caballero, y se realizará a través de un Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.

“Este convenio tiene como principal objetivo seguir fortaleciendo la provincia y financiar las obras de infraestructura de la provincia y el desarrollo regional, apuntando a mejorar el bienestar de todos los correntinos”, explicó Caballero. “Esto tiene que ver con la fortaleza que tenemos como provincia, la credibilidad del sector público y privado y un gobierno provincial que acompaña a Corrientes como clara muestra de federalismo y respeto de las autonomías provinciales”, dijo Colombi, quien además indicó que se aplicarán durante el gobierno de Gustavo Valdés. Los recursos se traducirán en obras viales, energéticas, en salud, educación, cultura, turismo y otras áreas.

 Carrió presentó su propio proyecto sobre tarifas

 La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó este miércoles un proyecto de ley que prohíbe la inclusión de cargos extra en las facturas que corresponden a servicios públicos, y establece que solo podrán incluirse el IVA e Ingresos Brutos en caso que así corresponda en cada distrito.

 Desde el FMI afirman que el diálogo con el Gobierno sigue siendo constructivo

 “Las negociaciones avanzan y cómo hemos enfatizado, nuestro objetivo común es llegar a una rápida conclusión”, dicen en el Fondo. Dujovne no viajaría esta semana.

 El Gobierno acepta el pedido de Telecom-Clarín y cambia la ley de telecomunicaciones

 Cambiemos apurará este miércoles la ley corta de telecomunicaciones en el Senado pero en el último debate en comisión propondrá varios cambios que tal vez molesten a Telefónica, la principal interesada en la norma.