08/02/2026

Paso de los Libres: una mujer denunció a efectivos policiales por violencia de género, abuso de autoridad y corrupción

Eliana Ferreira Garateguy denunció a dos efectivos policiales de Paso de los Libres, Julio Orlando “Tito” Sosa y César Leonardo Sosa, por presuntos hechos de violencia de género, amenazas, abuso de autoridad y corrupción. La causa expone posibles mecanismos de encubrimiento dentro de la fuerza y genera fuerte preocupación social.



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Una serie de graves denuncias realizadas por Eliana Ferreira Garateguy contra los policías Julio Orlando “Tito” Sosa y César Leonardo Sosa, ambos con funciones en la ciudad de Paso de los Libres, volvió a poner en el centro del debate público la problemática de la violencia de género, el abuso de poder y la presunta impunidad dentro de las fuerzas de seguridad.

Según el testimonio de la denunciante, los hechos se enmarcan en una relación de 12 años que mantuvo con César Sosa, padre de su hija, vínculo que finalizó en 2024 tras descubrir una supuesta “doble vida” del efectivo. A partir de ese momento, y tras una escalada de conflictos, Ferreira solicitó una orden de restricción, la cual fue otorgada por la Justicia el 13 de febrero de 2025, estableciendo un perímetro de exclusión de 200 metros.

No obstante, siempre de acuerdo a la denuncia, el 16 de febrero César Sosa habría ingresado armado al domicilio de la mujer, violando la medida judicial y profiriendo amenazas de muerte contra ella y contra Franco Ramírez, amigo de la denunciante y también policía. Durante el episodio, Ferreira intentó comunicarse con la Policía, pero le habrían sustraído el teléfono celular. La situación fue contenida cuando Ramírez logró reducir a Sosa y retirarlo del lugar.

Posteriormente, Ferreira se presentó en la Comisaría de la Mujer para radicar la denuncia. Allí, según su relato, se encontraba Julio Orlando “Tito” Sosa, hermano del acusado, quien —junto a otros efectivos— habría minimizado la gravedad del hecho. La mujer sostuvo además que su teléfono fue retenido durante varias horas, lo que despertó sospechas sobre un posible intento de eliminación de pruebas.

La denunciante afirmó que los episodios de violencia y hostigamiento continuaron. En el marco de un régimen de comunicación con su hija, Ferreira denunció que “Tito” Sosa la habría agredido físicamente durante una entrega, provocándole lesiones que requirieron atención médica. Asimismo, aseguró ser víctima de amenazas constantes, mensajes intimidatorios y situaciones de acoso, y manifestó preocupación por el estado emocional de su hija tras las visitas con su padre.

En paralelo, Ferreira sostuvo que tanto policías como civiles le advirtieron sobre la supuesta “intocabilidad” de los hermanos Sosa dentro de la fuerza. También mencionó otros episodios que involucrarían a César Sosa, como un presunto abuso de arma en la localidad de Bonpland, además de la circulación en redes sociales de videos donde se observarían conductas violentas y excesos en procedimientos policiales.

Las denuncias también incluyen presuntos hechos de corrupción. Según el relato, “Tito” Sosa se habría jactado de sustraer dinero y objetos durante allanamientos, aceptar coimas y utilizar contactos en el Registro Civil para facilitar trámites irregulares vinculados a cruces fronterizos. Además, se mencionan supuestos vínculos familiares con el contrabando de mercadería desde Paraguay, hechos que, de confirmarse, tendrían gravedad institucional.

“El silencio y el miedo no pueden seguir siendo la regla”, expresó Ferreira Garateguy, quien aseguró que decidió hacer públicas las denuncias para evitar represalias y exigir el accionar de la Justicia. “No tengo miedo. Esto tiene que terminar”, afirmó.

Las acusaciones, que deberán ser investigadas por la Justicia, generan fuerte preocupación en la comunidad local y reavivan el debate sobre los mecanismos de control, transparencia y sanción dentro de las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, se espera una intervención efectiva de los organismos judiciales y administrativos correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar la protección de las víctimas.