62 días de encierro y 12 muertes: fuerte acusación contra la Justicia por el drama del ganado secuestrado en La Cruz
Casi 200 animales permanecen confinados desde hace más de dos meses en el predio de la Sociedad Rural de La Cruz y ya murieron 12. El presidente de la Asociación de Sociedades Rurales, Carlos Roldán, exigió al fiscal Facundo Sotelo que firme de inmediato la orden para trasladarlos al INTA de Santo Tomé y advirtió: “Acá hay vidas en juego”.
La crisis sanitaria y judicial que rodea a casi 200 animales secuestrados en La Cruz, Corrientes, alcanzó un punto crítico. Tras 62 días de encierro en el predio de la Sociedad Rural local, 12 cabezas de ganado ya murieron y el resto continúa en riesgo, en medio de una demora judicial que genera creciente malestar en el sector rural.
En diálogo exclusivo con Impacto Corrientes, el presidente de la Asociación de Sociedades Rurales, Carlos Roldán, fue categórico al describir la situación: “Esto ya dejó de ser un simple trámite judicial, acá hay vidas en juego”.
Secuestro judicial y demora sin resolución
Los animales fueron secuestrados en el marco de una causa por abigeato y trasladados de manera provisoria al predio de la Sociedad Rural de La Cruz. Sin embargo, lo que debía ser una medida transitoria se extendió por más de dos meses sin una definición concreta sobre su destino.
Según explicó Roldán, las condiciones actuales no son las adecuadas para sostener durante tanto tiempo a una cantidad tan importante de ganado. “Estos animales llevan 62 días encerrados, y ya murieron 12 por la falta de alimento y las condiciones que no son las apropiadas”, afirmó.
Ayuda insuficiente para casi 200 cabezas
En las últimas horas, el Ministerio de Producción de Corrientes envió ocho rollos de pasto para aliviar la situación. No obstante, desde el sector rural sostienen que se trata apenas de un paliativo.
“Eso sirve para aguantar un poco la situación, pero claramente no alcanza para casi 200 animales. Es una ayuda de emergencia, pero el problema de fondo sigue siendo que la justicia no toma una decisión”, remarcó el dirigente.
Una alternativa concreta desde febrero
Roldán explicó que la Asociación de Sociedades Rurales consiguió desde principios de febrero una solución viable: trasladar la hacienda al INTA de Santo Tomé, un establecimiento que cuenta con infraestructura y manejo técnico adecuados para garantizar el bienestar del ganado.
“El INTA de Santo Tomé es ideal porque tiene capacidad operativa y profesionales que pueden hacerse cargo. Además, en otras zonas hay plantas tóxicas como el mío o el romerillo, que estos animales no conocen y que pueden matarlos en menos de 48 horas”, advirtió.
Sin embargo, el traslado permanece frenado por la falta de una orden judicial. El pedido apunta directamente al fiscal Facundo Sotelo, a quien le solicitan que firme la autorización correspondiente.
“La responsabilidad es del sistema judicial”
El presidente de la Asociación de Sociedades Rurales fue claro al señalar que el mantenimiento de los animales no debería recaer sobre las entidades rurales.
“Estos animales están secuestrados por la justicia, por lo tanto la responsabilidad es del sistema judicial”, subrayó.
Aun así, la Sociedad Rural de La Cruz afrontó gastos significativos, incluyendo el traslado inicial del ganado al momento del secuestro. “Y si hace falta, estamos dispuestos a volver a pagar el traslado al INTA, pero lo que falta es una firma”, insistió.
El dilema de los animales sin dueño
Otro punto que complica la situación es la presencia de animales “orejanos”, es decir, sin marca ni propietario identificado. Según explicó Roldán, existen mecanismos legales que permitirían resolver rápidamente este aspecto.
Entre las alternativas mencionó la realización de un remate público para destinar los fondos a escuelas o comedores, o bien la donación de los animales al INTA para programas de investigación y producción.
“Hay muchas soluciones posibles. Lo que no puede pasar es que los animales sigan muriendo mientras se discute un expediente”, sostuvo.
Malestar y reclamo urgente
El dirigente rural también expresó su malestar por el rol que están asumiendo las entidades del sector. “Nosotros trabajamos ad honorem, poniendo tiempo y recursos para ayudar al productor. Pero tenemos que estar presionando constantemente para que funcionarios que cobran un sueldo hagan lo que corresponde”, cuestionó.
Mientras los días pasan y la cifra de animales muertos podría aumentar, productores y dirigentes aguardan una definición judicial que permita destrabar el conflicto.
“La esperanza es que en las próximas horas se firme la orden de traslado. Acá no se trata de política ni de papeles. Se trata de animales que están muriendo esperando una firma”, concluyó Roldán.
La situación en La Cruz ya dejó de ser un expediente más: se convirtió en una urgencia que pone en debate la responsabilidad del sistema judicial frente al bienestar animal y la gestión de bienes secuestrados en causas penales.
