Escándalo en Corrientes: denuncian usurpación de tierras y apuntan a inacción judicial y policial en 9 de Julio
El conflicto tiene como protagonista a Felipe Gutiérrez, quien reclama la recuperación de un campo de su propiedad que, según su defensa, fue ocupado por la familia Santinón. El abogado Dr. Luis Alberto Resuche denunció una grave inacción judicial, cuestionó el accionar de la Fiscalía y de la Policía local, y advirtió sobre una posible influencia del poder económico en la causa.
En la localidad correntina de 9 de Julio crece la tensión por un conflicto de tierras que ya genera fuerte repercusión pública y cuestionamientos al funcionamiento del sistema judicial. El caso tiene como eje la denuncia del productor Felipe Gutiérrez, quien sostiene haber sido despojado de 80 hectáreas de su propiedad, presuntamente ocupadas por la familia Santinón, en un hecho que, según se informó, ocurrió el pasado 10 de marzo.
A más de un mes del inicio del conflicto, la situación continúa sin una resolución concreta, y eso motivó duras críticas por parte del abogado de Gutiérrez, Dr. Luis Alberto Resuche, quien salió a denunciar públicamente la lentitud de la Justicia, la falta de respuestas por parte de la Fiscalía Rural y Ambiental y un supuesto condicionamiento sobre la Policía de 9 de Julio.
De acuerdo con lo expuesto por el letrado, el tiempo transcurrido sin medidas efectivas resulta inadmisible, sobre todo teniendo en cuenta que su cliente no solo reclama la propiedad del inmueble, sino también la recuperación de su medio de vida, ya que en esas tierras desarrollaba tareas vinculadas a la cría de ganado. Para la defensa, no se trata solamente de una disputa patrimonial, sino de una afectación directa al sustento de una familia.
Resuche sostuvo que lo ocurrido representa un verdadero escándalo institucional, y afirmó que no encuentra explicación razonable para que, tras 35 o 36 días, la denuncia no haya avanzado con la rapidez que la gravedad del caso exige. En ese sentido, remarcó que cualquier ciudadano que es despojado de sus bienes debe recibir del Estado una tutela judicial efectiva, con una respuesta dentro de un plazo razonable, algo que —según denunció— en este expediente no está ocurriendo.
Uno de los puntos más delicados de sus declaraciones fue la crítica dirigida al Ministerio Público Fiscal. El abogado cuestionó que, pese a la denuncia penal presentada y a la querella impulsada por su parte, la Fiscalía no haya activado diligencias investigativas que, a su entender, eran urgentes y elementales. Incluso señaló que las pruebas aportadas por la defensa no habrían sido debidamente producidas ni valoradas hasta el momento, lo que alimenta la sospecha de una actuación deficiente o parcial.
En ese marco, Resuche reveló que presentó una recusación formal contra el Fiscal Rural y Ambiental, al considerar que su continuidad en la causa afecta la objetividad del proceso y compromete el cumplimiento de sus deberes funcionales. Sin embargo, explicó que dicha recusación fue desestimada, ya que el Fiscal General resolvió que el funcionario cuestionado debía seguir interviniendo en el expediente.
El abogado también cargó contra la estructura institucional del sistema acusatorio, al advertir que sigue sin cumplirse una sentencia de la Corte Suprema de Justicia dictada hace más de cinco años, la cual —según indicó— ordenaba una clara separación de funciones dentro del Ministerio Público Fiscal. Para Resuche, esa situación configura una grave irregularidad institucional, porque debilita las garantías de imparcialidad y control en causas sensibles.
Las críticas no quedaron limitadas al ámbito judicial. En su exposición, el letrado fue especialmente duro con la Policía de 9 de Julio, a la que acusó de actuar bajo influencia de la familia denunciada. Según afirmó, los Santinón formarían parte de un grupo económico fuerte, con conexiones y allegados políticos en la zona, lo que —siempre de acuerdo a su versión— estaría condicionando el accionar policial. Incluso deslizó que, en los hechos, serían esos sectores los que “bajan línea” a la fuerza de seguridad, en lugar de responder únicamente a las directivas del fiscal interviniente.
Mientras tanto, la situación de fondo sigue sin modificarse. Según la denuncia de la defensa, la familia Santinón continúa trabajando dentro de las tierras reclamadas por Gutiérrez, pese a las actuaciones ya iniciadas. Frente a ese escenario, Resuche informó que presentó un pedido de pronto despacho, con el objetivo de que se imprima mayor celeridad a las medidas pendientes y se avance de una vez en la resolución del conflicto.
El abogado, que destacó contar con 42 años de trayectoria profesional, fue contundente al señalar que nunca había visto una demora semejante en un caso de estas características. Por eso, insistió en que la inacción del sistema solo puede entenderse en el marco de una fuerte presión o influencia de intereses económicos sobre el expediente. Asimismo, aseguró que continuará impulsando todas las herramientas legales disponibles y que está dispuesto a llegar hasta las últimas instancias para defender los derechos de su representado.
La causa se tramita bajo el legajo de investigación fiscal N° L 137.321, y mientras no haya una definición judicial, el caso sigue sumando preocupación entre vecinos y productores de la zona. De acuerdo con lo expresado durante la entrevista, existe además un fuerte respaldo social a Felipe Gutiérrez, a quien describen como un hombre de trabajo, conocido en la comunidad y considerado por muchos como una persona de bien.
El conflicto, que inicialmente parecía circunscripto a una disputa patrimonial, hoy expone una discusión mucho más amplia sobre la eficacia de la Justicia, el rol de las fuerzas de seguridad y la posible incidencia del poder económico en decisiones que deberían regirse exclusivamente por la ley. En 9 de Julio, la expectativa ahora está puesta en saber si la causa finalmente avanza o si la denuncia de usurpación seguirá atrapada en la parálisis institucional.
