IOSCOR en la mira: denuncian presuntas irregularidades millonarias, cirugías demoradas y un negocio farmacéutico bajo sospecha
El Instituto de Obra Social de Corrientes —IOSCOR— vuelve a quedar en el centro de una fuerte polémica pública por graves acusaciones vinculadas a presuntas irregularidades financieras, mala administración, concentración en la provisión de medicamentos y perjuicios directos a miles de afiliados del Estado provincial.
Según los señalamientos difundidos, la situación más sensible golpea directamente a los trabajadores públicos: habría alrededor de 2.300 empleados estatales con cirugías programadas paralizadas, en medio de demoras, falta de respuestas y deficiencias operativas dentro de la obra social.
Uno de los puntos más cuestionados es el manejo del presupuesto destinado a medicamentos. De acuerdo con las denuncias, IOSCOR destinaría cerca del 60% de sus recursos, una cifra que superaría los 217 mil millones de pesos, a la compra de fármacos. El dato genera sospechas porque estaría muy por encima del promedio de otras prestadoras nacionales, que rondaría el 35%, mientras que se menciona como comparación que el PAMI destinaría cerca del 29,5%.
La pregunta que crece entre afiliados y sectores críticos es directa: ¿todo ese dinero se utiliza realmente para medicamentos o existe un esquema de sobreprecios y contrataciones direccionadas?
Médicos mal pagos y afiliados obligados al “plus”
Otro reclamo apunta al bajo valor que IOSCOR abonaría por consulta médica. Según las acusaciones, los profesionales percibirían apenas 2.000 pesos por atención, una suma considerada insignificante frente a los costos actuales del sistema de salud.
Esa situación terminaría impactando otra vez sobre los afiliados, ya que muchos pacientes denuncian que deben pagar un “plus” adicional para ser atendidos, pese a contar con cobertura de la obra social provincial.
Farmar, JUFEC y la sombra del monopolio
La denuncia también apunta contra la red de farmacias Farmar, vinculada al empresario Juan Alejandro Castro, señalado como uno de los grandes beneficiarios del sistema de provisión de medicamentos para afiliados de IOSCOR.
Publicaciones periodísticas anteriores ya habían señalado que Farmar y la firma JUFEC habrían concentrado la provisión de medicamentos oncológicos, tratamientos especiales y fármacos para enfermedades crónicas mediante esquemas de contratación directa, sin competencia abierta.
Según las acusaciones, Farmar absorbería cerca del 95% de la demanda de medicamentos de los afiliados, mientras que los tratamientos oncológicos y especiales se comercializarían casi exclusivamente a través de esa red. Esto, de confirmarse, configuraría un esquema de fuerte concentración comercial dentro de una obra social que administra fondos públicos.
También se denuncia un presunto sobrecosto extremo en determinados fármacos, como el caso de la inmunoglobulina, que IOSCOR habría pagado a valores muy superiores al costo de producción informado por universidades públicas.
Anticipos, préstamos y pagos bajo sospecha
Las sospechas no son nuevas. En denuncias anteriores se mencionó que IOSCOR habría realizado adelantos millonarios a firmas proveedoras para el acopio de medicamentos que luego serían vendidos a los propios afiliados de la obra social. Una publicación de 2024 señaló que se habrían adelantado unos 240 millones de pesos a la cadena vinculada al negocio farmacéutico.
También se mencionan antecedentes de cesión de recursos a empresas privadas, como el caso de TC 2000, para compra de equipamiento a cambio de futuras prestaciones, una maniobra cuestionada porque haría funcionar a la obra social como una suerte de entidad crediticia, algo expresamente objetado por los denunciantes.
El dato más fuerte apunta a diciembre de 2025: se afirma que, al cierre del anterior mandato gubernamental, el titular de IOSCOR, Raúl Scherzi, habría autorizado un pago de 17 millones de dólares a favor de Juan Alejandro Castro. Esa operación, según las versiones denunciadas, habría estado rodeada de sospechas políticas y administrativas.
Scherzi, más de dos décadas al frente de IOSCOR
Otro punto que genera cuestionamientos es la permanencia de Raúl Scherzi al frente del organismo. Según los denunciantes, su continuidad desde diciembre de 2001 representa una “eterna conducción” dentro de una caja sensible del Estado provincial.
En ese contexto, la designación de Federico Chaniojeda como subinterventor a fines de abril es leída como una señal de que el Gobierno provincial habría tomado nota del nivel de conflicto interno y de las irregularidades denunciadas.
Para sectores críticos, la llegada de un subinterventor no sería un movimiento menor: podría anticipar cambios, auditorías o una revisión más profunda del funcionamiento de IOSCOR.
También miran a Juan Alejandro Castro en la Justicia
El empresario Juan Alejandro Castro, señalado como el “zar de los medicamentos”, también aparece mencionado por causas judiciales y denuncias previas vinculadas a maniobras patrimoniales y societarias.
Según la acusación citada, Castro enfrentaría una denuncia penal por presunto desbaratamiento de derechos acordados en el marco del juicio sucesorio de su madre. La querella habría sido presentada en junio de 2023, admitida en agosto de 2024 y, desde entonces, el expediente se encontraría prácticamente sin avances relevantes.
Una obra social bajo presión
Mientras las denuncias crecen, los afiliados reclaman respuestas concretas: cirugías destrabadas, atención médica sin plus, medicamentos garantizados y transparencia en el uso de los fondos.
El caso IOSCOR abre una pregunta de fondo para Corrientes: ¿la obra social provincial funciona para cuidar la salud de los empleados públicos o terminó convertida en una caja millonaria manejada por unos pocos?
Por ahora, las acusaciones son graves y requieren investigación administrativa, política y judicial. Pero el impacto ya está en la calle: miles de afiliados esperan soluciones mientras el sistema queda cada vez más bajo sospecha.
