San Isidro: imputan al exintendente y dos exfuncionarios por presunta malversación de fondos públicos
La Fiscalía Rural y Ambiental de Goya formalizó imputaciones contra tres exfuncionarios de la Municipalidad de San Isidro en el marco de una investigación por el presunto desvío de más de 100 millones de pesos provenientes de fondos provinciales destinados a la ejecución de obras públicas en esa localidad correntina.
Los imputados son el exintendente Carlos Ismael Martínez, el exsecretario de Gobierno Dante Darío Morato y el exsecretario de Hacienda Ventura Francisco Martínez, todos vinculados al Partido Popular, quienes fueron acusados por el supuesto delito de malversación de caudales públicos en calidad de coautores materiales.
De acuerdo a la acusación impulsada por el Ministerio Público Fiscal, entre marzo y agosto de 2025 ingresaron a una cuenta oficial del municipio de San Isidro un total de 946 millones de pesos enviados por el Gobierno provincial para la realización de distintas obras públicas.
Sin embargo, según el análisis de la documentación incorporada al expediente, los pagos acreditados a favor de la empresa contratista Aceros y Construcciones S.R.L. habrían alcanzado la suma de 845.203.284,09 pesos, detectándose una diferencia de 100.796.715,91 pesos cuyo destino no pudo ser justificado documentalmente.
Además, la firma constructora mantiene un reclamo administrativo por una deuda superior a los 138 millones de pesos, situación que también forma parte de la investigación judicial en curso.
La causa sostiene que los tres exfuncionarios habrían tenido participación directa en la administración, supervisión, control y rendición de los fondos públicos transferidos por la Provincia para concretar obras en el acceso a San Isidro y en sectores vinculados al municipio y una institución educativa de la localidad.
Entre los elementos probatorios mencionados por la Fiscalía figuran denuncias presentadas por la actual intendenta Vilma Itatí Ojeda, además de documentación administrativa, extractos bancarios, informes contables, expedientes relacionados con reclamos de pago de la empresa contratista e informes elaborados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Durante las audiencias judiciales, los tres imputados optaron por abstenerse de declarar. No obstante, la Fiscalía dispuso que continúen el proceso en libertad, sujetos al cumplimiento de reglas de conducta y con obligación de comparecer ante la Justicia cada vez que sean requeridos.
La investigación continuará con el objetivo de determinar el destino de los fondos públicos observados y establecer las posibles responsabilidades penales de los exfuncionarios involucrados.
